En estos momentos están convocadas unas elecciones legislativas que tendrán un impacto seguro e inmediato en la aparición de una nueva realidad económica para España. Por ello, parece obligado puntualizar cuáles son los ámbitos que exigen una acción económica inmediata para que, desde ahora mismo, no aparezcan situaciones económicas muy preocupantes. A mi juicio son exigibles a quienes se elijan triunfadores, para que desde el Palacio de la Moncloa se aborde de inmediato nada menos que diez serios problemas.

 

Veamos el primero. Lo formuló ya Mendizábal al orientar la política económica de la Reina Regente María Cristina de Borbón en plena guerra civil. En la memoria que presentó el 17 de agosto de 1837 señalaba que era preciso superar el déficit presupuestario, porque éste siempre planteaba sacrificios que de modo muy duro caían sobre las espaldas del "noble pueblo español". A partir de la exposición hipercrítica de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago frente a los delirios pseudokeynesianos adoptados por Mitterrand e imitados, sucesivamente por Felipe González, por Zapatero y, en estos momentos parece que por Sánchez, se ha comprobado que tenía razón la propia reacción de Keynes cuando se refirió a las derivaciones de su planteamiento y gritó, chascando los dedos y delante de Hayek: "¡son unos tontos!". Cuando vemos la historia española contemporánea, comprobamos que esos "tontos" han causado daños notables al "noble pueblo español".

El segundo problema a resolver, y tan importante como el del déficit, es el de la unificación del mercado español. No sólo existe el gravísimo problema catalán que, si sigue adelante, por un lado hundirá a Cataluña, pero por otro, como ya había señalado Adam Smith precisamente desde el comienzo de La riqueza de las naciones, generará algo así como una catástrofe radical también para el resto de España. Pero no es sólo el problema catalán, sino el derivado de las diversas autonomías que han puesto en marcha, como se ha visto claramente en una publicación -Doing business- del Banco Mundial, medidas dispares de control administrativo sobre las empresas, según criterios meramente locales.

Además de resolver estos dos problemas, la tercera cuestión es la de crear la eliminación de frenos en los enlaces económicos para aprovechar, ilimitadamente, las ventajas de la renta de situación de España. Pensemos que estamos en medio del enlace entre el gran centro económico que ha surgido en el Pacífico, desde Japón y China a Corea del Sur, Singapur, y además en el Índico -la India- con la rica Europa del Atlántico. Como consecuencia de una serie de factores sociopolíticos que han surgido en el Mar Rojo y en el Mediterráneo, es obligado el enlace con la OTAN y además tener en cuenta la sustitución que, derivada del Brexit, sea capaz de generar el Reino Unido. Pero todo eso exige fondos económicos y su asignación tiene que enlazarse con la huida del déficit, y por otra parte tener en cuenta que no se resuelve la cuestión únicamente con incrementos de los impuestos. Es suficiente recordar la curva de Laffer.

La cuarta necesidad deriva de la exigencia que forzosamente tiene que hacerse para que el desarrollo español pueda tener lugar dentro de una apertura grande al mundo internacional. Concretamente es la que se deriva de la actual realidad de la Revolución Industrial. En estos momentos tiene lugar una revolución científica que afecta a los transportes y comunicaciones, y al propio funcionamiento del sistema financiero y del productivo. Debe tenerse en cuenta esta nueva realidad, generada por la revolución digital, por un lado, y por la necesaria reconversión energética, movida por el problema del cambio climático, por otro. Esto enlaza con todos los anteriores problemas señalados, pero además con una grave situación derivada del abandono de centros que generen progresos continuos en ciencia y tecnología. No tener en cuenta todo esto provoca avances hacia el subdesarrollo.

La quinta cuestión para España es crecientemente angustiosa. Deriva de la crisis demográfica que existe en estos momentos. Obliga a que se desarrolle una política especialmente favorable para la natalidad. Además, no es posible evitar que surja una presión inmigrante muy fuerte, originada porque el diferencial de renta por habitante de España con Marruecos -y no digamos con el resto del mundo africano, y en condiciones fronterizas- es mayor que en cualesquiera otra situación fronteriza existente en el mundo para los países desarrollados. Añádanse a estos problemas los derivados de que España tiene la esperanza de vida mayor de la Unión Europea, y además una exigencia de gasto público vinculada a las pensiones y a la atención médica, especialmente cara a las personas de mayor edad.

La sexta cuestión es la continuidad de vinculaciones de todo tipo, desde las jurídicas hasta las cuestiones concretas de la PAC, que crean siempre problemas serios en el mundo comunitario. Es preciso conseguir que el ámbito comunitario dé importancia máxima a los problemas españoles. Que tal talante no existe lo vemos con claridad en el contencioso de Gibraltar como consecuencia del Brexit. Los planteamientos básicos interesantes para España, con consecuencias importantes para el desarrollo económico de una importante zona andaluza, a través de la creación de un distrito industrial en el Campo de Gibraltar es muestra de escaso peso en el ámbito comunitario. Y también lo tenemos en los enlaces relacionados con los transportes y comunicaciones; por ejemplo los relacionados con los problemas de la energía.

Otro problema, el séptimo, es el que se relaciona con la política social. La cuestión de la flexibilidad en el mercado laboral es defendida con contrastes empíricos continuos por los economistas, pero rechazada con dureza por el mundo sindical. Es una cuestión muy importante porque cualquier exceso de rigidez, y especialmente el volver a ella cuando parcialmente se haya abandonado, genera de inmediato incrementos en la desocupación. El profesor Fuentes Quintana señaló, en una ocasión, el riesgo derivado por eso de una excesiva influencia sindical en los gobiernos. Como simultáneamente esta tentación existe a efectos electorales, resolver la cuestión no es precisamente fácil.

Se ha hecho ya referencia a la necesidad de un progreso científico importante, como muy recientemente se señalaba en un documento difundido por el Instituto de España. Pero esto obliga, como base, a planteamientos educativos que, cuando se contemplan estimaciones cuantitativas y las comparativas con otros países, tienen que preocupar por el puesto que ocupa en España. Conviene además señalar que un mero estatismo y autonomismo no resuelve esta cuestión.

Pero una y otra vez, ante todo lo señalado, bien por el lado de los ingresos o bien por el lado del gasto, es necesaria una reforma tributaria y dentro de ella pasa a ser fundamental, por su enlace con el mundo macroeconómico, que exista un control diferente del actual por parte del Tribunal de Cuentas. No es solo el papel de éste efectuar observaciones y dictámenes presupuestarios de modo tradicional. Debe especificar el conjunto del control del gasto público en el marco macroeconómico a través de las medidas en qué se debe fundar el presupuesto, así como los principales riesgos fiscales identificables. Basta observar los informes del Fondo Monetario Internacional para observar cómo estas cuestiones han evolucionado hacia valoraciones cada vez más concretas, y para que los criterios que se juzguen cubran desde los precios de consumo y de producción a las cuentas financieras de las administraciones públicas, las cuentas monetarias y la balanza de pagos.

El noveno agobio tiene popularidad, y es necesario, por ello, impedir que continúe situando a España en las comparaciones internacionales en la situación actual. Se trata de la corrupción, que además de cuestiones sociales, políticas y morales, tiene impactos extraordinarios en el avance del PIB.

Finalmente el problema del orden público es fundamental. Uno de los elementos básicos para el desarrollo de España es el turismo, y la tranquilidad es fundamental para atraerlo. Además, esa tranquilidad actúa de manera extraordinaria sobre la inversión empresarial, por lo que mantener el orden público es esencial. Es la décima exigencia que, con realidades tan importantes como la de la Guardia Civil, surgieron en España en tiempos de Isabel II precisamente para mejorar la vida económica, al eliminar el bandidaje, entonces muy unido financieramente con el contrabando.

Son estos diez problemas los que tenemos de inmediato que resolver, pero a ellos se añaden, por motivos no estructurales sino coyunturales, multitud de otros. Pero para que las cosas marchen aceptablemente, se exige, como prioridad y muy a corto plazo, que estos diez problemas económicos estén resueltos.

Fuente: elEconomista.es

Autor: Prof. Juan Velarde

 

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