Es necesario atender a la regulación de las criptomonedas, de la economía colaborativa o del teletrabajo

La digitalización ha venido para quedarse. Esta frase tan repetida y algo manida, es la realidad de nuestro tiempo. Ello afecta a todos los ámbitos del derecho, pero, sobre todo, al tributario. Los que nos dedicamos al estudio de esta disciplina estamos acostumbrados a lidiar con cambios normativos constantes que buscan adaptar el Derecho para dar respuesta a una realidad cambiante. Igualmente, la situación generada por la COVID-19 ha demostrado tanto las debilidades de nuestro sistema, como nuestras fortalezas, pero a su vez debe invitarnos a reflexionar sobre la necesaria existencia de los tributos y su consecuente reformulación

“Gig Economy” es un concepto que se ha popularizado en los últimos años y que tiene una relación muy estrecha con los trabajadores independientes. Con ayuda de la tecnología y de nuevos modelos de negocio, esta nueva forma de trabajo ha revolucionado el trabajo tradicional y ha incrementado las opciones laborales a nivel global, aún más bajo el contexto mundial actual, convirtiéndose en una salida viable y sostenible para muchos que han perdido sus trabajos o disminuido sus ingresos a causa de la pandemia por Covid19.

La Gig Economy ha llegado para quedarse, apalancada en la tecnología, nuevos modelos de negocio y la necesidad de fuentes alternativas de ingreso, se ha convertido en una ecuación perfecta para consolidarse como una nueva economía, la economía del siglo

La dispersión puede hacer la fuerza para las empresas. Esta es una de las realidades de la nueva normalidad que empiezan a retomar las compañías. El hecho de los equipos de trabajo distribuidos fuera de la oficina por obligación hasta ahora ha activado nuevos formatos para la productividad. A ello se le suman otros efectos en la cadena de valor.

Es la típica pregunta que se hacen muchos emprendedores tras alumbrar una idea mientras desempeñan un trabajo por cuenta ajena. No saben si podrán materializar su proyecto particular sin abandonar su empleo. Y, claro que sí, compaginar ambos trabajos sin menoscabo de sus derechos es posible. Se llama pluriactividad.

El Registro de Economistas Forenses (REFOR) y CEPYME han editado conjuntamente una nueva edición de la Guía de Actuación de la empresa ante la insolvencia que ha sido presentado el pasado martes día 6.

Ante el previsible incremento de las insolvencias por las derivaciones económicas de la Covid-19, especialmente en las pymes, la edición de esta Guía resulta muy oportuna ya que ofrece información sobre los procedimientos actuales de que disponen las empresas (y muy especialmente las pymes) para tratar de evitar o minimizar las consecuencias derivadas de las insolvencias, y plantea algunas posibles soluciones (preconcursales, paraconcursales y concursales).

Con el depósito de las cuentas anuales en el Registro mercantil, que se debe realizar dentro del mes siguiente a su aprobación por la junta general, se da publicidad a los documentos que integran las cuentas anuales y cualquier persona o entidad podrán obtener dichas cuentas (art. 281 LSC.).

Las entidades financieras, además de la información que solicitan a las empresas (modelos de impuestos, balances de situación, cuentas de resultados, justificantes de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, Pool bancario actualizado, etc.) para realizar sus análisis de riesgos, contrastan la integridad de esta información con la que obtienen de las cuentas anuales de la empresa depositadas en el Registro Mercantil y mediante la consulta de la CIRBE donde obtienen información de los riesgos directos de la empresa (préstamos, créditos, leasing, etc.) e indirectos (avales a terceros).

Con toda la información que van recibiendo, las entidades financieras elaboran el scoring para determinar el riesgo de insolvencia antes de conceder un préstamo.

Por lo tanto, antes de presentar las cuentas anuales, es conveniente que las empresas analicen sus estados financieros, utilizando determinados ratios, para saber cómo van a salir en la foto de entidades financieras y proveedores, consiguiendo de esta manera algo de margen para anticiparse a posibles restricciones de crédito, en el caso de que la evolución de la empresa sea negativa.

La UE regula el certificado para los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias y para los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los Estados miembros, durante la pandemia.

Nadie puede negar a día de hoy, que una de las consecuencias económicas manifestadas con ocasión de la crisis sanitaria es la falta de liquidez. Lamentablemente, no descubro nada si le digo que muchos de sus clientes dejarán de pagarle y que detrás de cada impago hay un porcentaje de IVA, una declaración y un ingreso en la Agencia Tributaria del impuesto. Se trata de un importe que, indefectiblemente tendrá que anticipar con independencia de que finalmente el cliente responda, o no.

Siguiendo el principio de devengo, los impagos generan un doble obstáculo, no solo no cobramos un servicio, sino que además se repercute un IVA que deberemos rescatar.