España es uno de los países de la UE que menos invierte en I+D+i en porcentaje del PIB, 1,41% en 2020 (último dato oficial disponible), siendo 2,32% el porcentaje medio invertido en Europa.
La inversión en estas actividades es determinante en el desarrollo económico de un país si consideramos que su correlación con la competitividad de la economía y con la productividad del trabajo es elevada.
Sin tener en cuenta los incentivos fiscales, en 2021 el 56,2% del gasto en I+D+i lo realizan las empresas, el 26,6% la enseñanza superior y el 16,9% la Administración Pública, aunque ese porcentaje sería más elevado si consideramos que la enseñanza superior es financiada en más de un 71% por las Administraciones Públicas. Resultando, en este caso, los siguientes porcentajes: Empresas 50,3%; Administración pública 37,5%; IPSFL 0,9%; Enseñanza Superior 4%; y resto 7,4%.
Por sectores, el que más apuesta por la innovación, con los últimos datos disponibles, ha sido el de la industria.
En lo que se refiere al incentivo en el Impuesto sobre Sociedades, consistente en las deducciones por estas actividades, complementado con la posibilidad de amortizar libremente los activos afectos a las mismas, se puede calificar como potente, al menos desde la literalidad de la normativa, aunque su efectividad, a pesar de las mejoras que se han ido sucediendo, está lastrada por los límites cuantitativos y requisitos establecidos.
No obstante, según el estudio realizado por la AIReF, el incentivo fiscal alcanza el objetivo de fomentar la inversión, incrementándose ésta en 1,5 euros por cada euro de deducción.
Vemos difícil que en 2027 se alcance el objetivo que nos hemos marcado (Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027) de que la inversión en I+D+i llegue al 2,12% del PIB porque el incremento anual, según COTEC, tendría que ser superior al 12% y por la política monetaria restrictiva para luchar contra la inflación que todavía puede durar algunos años, salvo que se priorice este tipo de inversiones.
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