Antes de llegar a las relaciones entre empresas, la factura electrónica se implantó primero en el ámbito público, con el objetivo de agilizar los procedimientos y reducir la morosidad de las Administraciones.
La Ley 25/2013: el impulso frente a la morosidad pública
La Ley 25/2013, de Facturación Electrónica Obligatoria para las Administraciones Públicas, se aprobó como parte de una reforma estructural destinada a erradicar la morosidad pública, en un contexto normativo hasta entonces disperso.









