El Registro de Economistas Forenses (REFOR) y CEPYME han editado conjuntamente una nueva edición de la Guía de Actuación de la empresa ante la insolvencia que ha sido presentado el pasado martes día 6.

Ante el previsible incremento de las insolvencias por las derivaciones económicas de la Covid-19, especialmente en las pymes, la edición de esta Guía resulta muy oportuna ya que ofrece información sobre los procedimientos actuales de que disponen las empresas (y muy especialmente las pymes) para tratar de evitar o minimizar las consecuencias derivadas de las insolvencias, y plantea algunas posibles soluciones (preconcursales, paraconcursales y concursales).

Con el depósito de las cuentas anuales en el Registro mercantil, que se debe realizar dentro del mes siguiente a su aprobación por la junta general, se da publicidad a los documentos que integran las cuentas anuales y cualquier persona o entidad podrán obtener dichas cuentas (art. 281 LSC.).

Las entidades financieras, además de la información que solicitan a las empresas (modelos de impuestos, balances de situación, cuentas de resultados, justificantes de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, Pool bancario actualizado, etc.) para realizar sus análisis de riesgos, contrastan la integridad de esta información con la que obtienen de las cuentas anuales de la empresa depositadas en el Registro Mercantil y mediante la consulta de la CIRBE donde obtienen información de los riesgos directos de la empresa (préstamos, créditos, leasing, etc.) e indirectos (avales a terceros).

Con toda la información que van recibiendo, las entidades financieras elaboran el scoring para determinar el riesgo de insolvencia antes de conceder un préstamo.

Por lo tanto, antes de presentar las cuentas anuales, es conveniente que las empresas analicen sus estados financieros, utilizando determinados ratios, para saber cómo van a salir en la foto de entidades financieras y proveedores, consiguiendo de esta manera algo de margen para anticiparse a posibles restricciones de crédito, en el caso de que la evolución de la empresa sea negativa.

La UE regula el certificado para los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias y para los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los Estados miembros, durante la pandemia.

Nadie puede negar a día de hoy, que una de las consecuencias económicas manifestadas con ocasión de la crisis sanitaria es la falta de liquidez. Lamentablemente, no descubro nada si le digo que muchos de sus clientes dejarán de pagarle y que detrás de cada impago hay un porcentaje de IVA, una declaración y un ingreso en la Agencia Tributaria del impuesto. Se trata de un importe que, indefectiblemente tendrá que anticipar con independencia de que finalmente el cliente responda, o no.

Siguiendo el principio de devengo, los impagos generan un doble obstáculo, no solo no cobramos un servicio, sino que además se repercute un IVA que deberemos rescatar.

Se ha detectado una nueva campaña de correos electrónicos suplantando la identidad de Vodafone. El cuerpo del correo contiene dos enlaces para descargar una supuesta factura pendiente de pago. 

Recursos afectados

Cualquier usuario que haya recibido un correo electrónico de estas características, haya pulsado sobre uno de los enlaces para consultar el archivo mencionado, y posteriormente haya ejecutado el archivo descargado.

La Transformación Digital consiste en llevar a cabo una transformación profunda de procesos, competencias y modelos de negocio para sacar provecho de las oportunidades que ofrecen la nueva Economía Digital y las tecnologías que la acompaña.

La dinámica competitiva está cambiando en la era digital. Se están produciendo cambios disruptivos generalizados en todos los ámbitos y sectores a la vez, donde hasta ahora lo veíamos solo en áreas o sectores concretos. Internet ha cambiado todo, y el proceso de transformación de la economía se ha acelerado por la crisis generada por la COVID-19.

Hacienda será implacable con los malos contribuyentes y para ello se ayudará de la tecnología de análisis de información conocida como “Big Data”.

En virtud del mandato establecido en el artículo 116 de la Ley General Tributaria el pasado 21 de enero se aprobó una Resolución sobre el Plan General de Control Tributario y Aduanero para 2021. Según manifiesta la propia Agencia Tributaria, este año, además de desarrollar medidas encaminadas a luchar contra el fraude fiscal, también se reducirán las cargas administrativas a las que deben hacer frente los contribuyentes y se intentará favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias mediante la utilización de nuevas tecnologías.

El procedimiento monitorio permite reclamar deudas dinerarias acreditadas por un principio de prueba. 
Se caracteriza por ser una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario, ya que únicamente será necesaria la celebración de una vista o comparecencia ante el Juez si el deudor se opone a la reclamación presentada.

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