El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2021-2023), que contempla incrementar los efectivos de la Inspección de Trabajo, invertir en la formación y la mejora de las condiciones en las que se presta este servicio público y apostar por la utilización generalizada de la tecnología, tanto en la actividad inspectora como en las relaciones con la ciudadanía.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, definió a la Inspección de Trabajo como una institución clave en la garantía de los derechos laborales en nuestro país: «En el Estado social de Derecho, y para garantizar la protección de los más débiles, no basta con tener buenas normas, sino también que esas normas se cumplan, y el pulmón que garantiza en el mundo laboral el cumplimiento de las mismas se llama Inspección de Trabajo».
El Plan presentado ayer va a ser «una las grandes herramientas de transformación del modelo de relaciones laborales de nuestro país», continuó la vicepresidenta, que destacó su carácter innovador y su mirada «absolutamente moderna», más próxima a las realidades actuales de la conflictividad laboral y en línea con los parámetros de los restantes países europeos.
Dicho Plan se enmarca en las importantes novedades en materia de Inspección de trabajo que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2022: las modificaciones al Reglamento de imposición de sanciones y el nuevo plan estratégico ITSS 2021-2023. Incorporarán la automatización de la actividad inspectora, que permite a la ITSS detectar incumplimientos basados en el análisis masivo de datos, para lo cual se adaptan los procedimientos sancionadores, pero también la reducción de sanciones en caso de que se reconozca la responsabilidad en la comisión de la infracción. Este nuevo marco legislativo laboral ha pasado casi desapercibido, a pesar de su gran importancia tanto para los profesionales jurídicos como para las empresas.
Anticipación, lucha contra el fraude y la precariedad
La vicepresidenta explicó que la premisa de la que parte el Plan es anticiparse a cualquier posibilidad de fraude del mercado de trabajo, para no limitarse solo su reparación: «Lo que hacemos ahora es abrir completamente el foco, convertir toda la acción pública en transversal y ampliar la mirada abarcando todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras».
La lucha contra el fraude será un objetivo prioritario, continuando la línea actual, en la que solo entre enero y mayo de este año se ha multiplicado en un 355 % la actividad de la Inspección de Trabajo, «el récord de toda su serie histórica», destacó Díaz. A la ya existente Oficina de lucha contra el fraude se sumará una segunda para atender al fraude transnacional, y estará muy vinculada a los países de la Unión Europea y Latinoamérica y a la Organización Internacional del Trabajo.
Otro eje fundamental será combatir la precariedad laboral. La ministra de Trabajo puso como ejemplo la campaña realizada para controlar los contratos temporales con duración superior a los 24 meses que marca la ley, que ha servido para convertir en indefinidos 267.000 contratos de trabajo.
Se pondrá en marcha una Oficina especializada de lucha contra la discriminación, para actuar en la relación laboral desde el inicio hasta la salida de la carrera profesional, y evitar, entre otras, diferencias o dificultades de acceso al mercado laboral por razón de sexo, edad, origen o identidad sexual.
Presupuesto propio y refuerzo de la plantilla
El organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta, por primera vez, con un presupuesto propio, y se prevé reforzar las plantillas de personal, incorporar nuevos perfiles especializados y potenciar el uso de la inteligencia artificial.
Fuente: Legal Today Thomsons Reuters