El 9 de marzo de 2018 se produce la entrada en vigor completa de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). Tras más de un año de tramitación parlamentaria, y con casi dos años de retraso con respecto al plazo fijado en las directivas comunitarias, la entrada en vigor de esta norma presenta una gran relevancia por diversos motivos,
Motivos de la importancia de la nueva Ley:
- Su aplicación contribuye a la redistribución de entre un 14% y un 20% (según las fuentes) del PIB en nuestro país.
- A diferencia de otras reformas recientes de la norma (raro es el año que no se produce una), en la nueva LCSP se modifican, en mayor o menor medida, hasta el 90% del articulado de la ley que ahora se deroga (304 artículos sobre los 334 de la anterior).
- Tras años de contracción de la contratación pública y, en particular, del sector de las infraestructuras, la nueva norma llega para ser aplicada en un contexto económico distinto, en el que se espera que la Administración retome su actividad licitadora. En el horizonte se vislumbran ya una serie de licitaciones que, sin duda alguna, contribuirán notablemente a la reactivación de la actividad económica y la creación de empleo (Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, depuradoras en Castilla-La Mancha, privatización de las autopistas de peaje que reviertan al Estado, etc.).
Ello nos lleva a considerar que la nueva LCSP es, junto con el Reglamento General de Protección de Datos, la norma de Derecho Administrativo en sentido estricto más relevante que entrará en vigor en el año 2018. Los objetivos fundamentales de la LCSP son incrementar la transparencia en la contratación pública y mejorar la racionalización y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Aunque la nueva norma sigue el esquema creado por la anterior regulación, el nuevo texto aclara algunas cuestiones para mejorar la seguridad jurídica y da una otra vuelta de tuerca a la regulación en su concepción como instrumento para implementar políticas sociales, medioambientales, de innovación y desarrollo, de promoción de las pymes, y de defensa de la competencia.
En esta Guía, llevaremos a cabo una aproximación a las principales novedades que introduce esta nueva norma, extensa y compleja, desde una visión eminentemente práctica, didáctica, poco técnica en lo posible y no exhaustiva.
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Fuente: Expansion