El régimen de IVA de caja, que entró en vigor este año, iba a ser el instrumento que dotaría de liquidez a los proveedores que se veían doblemente castigados por el fenómeno de la morosidad empresarial. Desde el inicio de la crisis, los impagos a pymes y autónomos se han disparado y los plazos de pago se estiraron más allá del período establecido por ley (60 días a partir del 1 de enero de 2013). Al mismo tiempo, las pymes y autónomos estaban obligados a pagar religiosamente el IVA de las facturas emitidas, aunque no hubieran sido cobradas. El sistema ideado por Hacienda permitiría a las empresas abonar el impuesto al cobrar la factura y no cuando se emitía. Sin embargo, tan solo 22.000 pymes y autónomos (apenas del 0,9% de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios) se acogieron al nuevo sistema.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció que el modelo no había funcionado y que se estudiarían fórmulas de mejora. Por eso ya ha iniciado los contactos con los miembros de la Comisión para la Lucha contra la Morosidad Privada para diseñar un nuevo sistema. Y una de las opciones que tiene encima de la mesa es la de la inversión del sujeto pasivo.

Fuentes de Hacienda consultadas subrayan que cualquier aportación de los colectivos afectados será revisada, siempre y cuando no vaya en contra de la lucha contra el fraude.

El período de negociación abierto por Hacienda también servirá para que las empresas pongan encima de la mesa la necesidad de aprobar un régimen sancionador para las empresas que incumplan los plazos de pago.

Fuente: CincoDias.com - 20/10/2014