Las empresas españolas aún presentan algunas carencias en la incorporación y desarrollo de sistemas de compliance en sus respectivos sectores de actividad. En un momento en el que es imprescindible contar con un sistema de gestión de cumplimiento penal con independencia del tamaño o de la actividad de una compañía, gran parte de los empresarios reconocen no contar con un modelo integrado conforme a la normativa española y demás estándares internacionales de referencia.

Según el informe de compliance penal Hacia sistemas de cumplimiento avanzados, elaborado y publicado por la firma de servicios profesionales Grant Thorton, un 45% de los directivos desconoce la responsabilidad legal que podría acarrearle no impulsar esta área.

El informe se ha elaborado a partir de 400 entrevistas a altos directivos de empresas de entre 50 y 500 empleados con sede en España. En la actualidad, y siguiendo los resultados de la investigación, dos tercios de las empresas consultadas manifiestan carencias graves en materia de compliance penal, solo una de cada diez dispone de un verdadero sistema para su gestión y, en general, los empresarios muestran un alto grado de desconocimiento sobre los riesgos penales que pueden derivar para la empresa y sus administradores. El estudio muestra que las empresas españolas muestran una gran variedad de aproximaciones al compliance.

Para Ignacio Ripol, director de Compliance de Grant Thornton, "el reto de las empresas españolas es pasar de una visión negativa del compliance, que busca evitar potenciales responsabilidades, a crear una verdadera cultura de cumplimento que consolide los principios éticos de la organización".

"Un tercio de las acciones contra administradores sociales en nuestro país se fundamentan en incumplimientos legales", asegura Ignacio Ripol

Aunque, solo en los últimos cinco años, se han producido en nuestro país procesos sancionadores contra personas jurídicas con multas superiores a los 900.000 euros, el estudio destaca ese 45% de empresarios españoles que no son conscientes de que carecer de un programa adecuado de compliance puede acarrear responsabilidades a los administradores.

Según Ripol, "un tercio de las acciones contra administradores sociales en nuestro país se fundamentan en incumplimientos legales, de modo que la falta de desarrollo de la función de compliance en nuestro tejido empresarial es una importante amenaza". Los empresarios consideran como aquellos que podrían tener un mayor impacto las sanciones administrativas por incumplimiento de obligaciones legales (54%), seguidas de los cambios legislativos en su actividad y de las conductas delictivas de sus empleados o directivos, empatados en un 44%.Solo un 15% considera probable una conducta delictiva de alguno de sus empleados o directivos

Consultados por cuáles son los riesgos legales que consideran son más probables que afecten a sus empresas, los cambios legislativos en su actividad pasan a la primera posición (50%) seguidos de las sanciones administrativas (28%), y, en cambio, solo un 15% considera probable una conducta delictiva de alguno de sus empleados o directivos.

En cuanto a las áreas en las que ven más probable que se produzca una responsabilidad penal, la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDRP) ha derivado en una toma de conciencia generalizada sobre los riesgos penales del ámbito tecnológico y del específico de la protección de datos, que es en el que la mitad de los encuestados cree que podría incumplir la ley. Le siguen el ámbito laboral (42%) y preocupan el medioambiental (38%) o el de la corrupción (23%).

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