El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas oficializó ayer la polémica cesión del Impuesto sobre el Patrimonio a las autonomías, premiando a aquellas que decidieron instaurarlo desde el principio. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer, con la sola oposición de la Comunidad de Madrid, añadir la recaudación regional a la compensación que las autonomías reciben por esta figura.

Las autonomías han emprendido una auténtica ofensiva fiscal desde 2010, el año en el que la todavía omnipresente crisis empezó a redoblar su impacto en las cuentas del sector público. Para compensar esos efectos, desde entonces y hasta lo que llevamos de 2013, las regiones de régimen común (es decir, excluyendo País Vasco y Navarra que cuentan con marcos fiscales propios) se han sacado de la manga 42 nuevos impuestos, más de diez por año.