El decreto que se publicó ayer en el BOE permite que a partir de hoy mismo el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las empresas públicas y los organismos autónomos puedan despedir a sus empleados con sólo 20 días de indemnización por año trabajado y doce mensualidades como máximo.
En cambio, los funcionarios (1,6 millones de personas, según el último boletín del Ministerio de Hacienda) seguirán, como hasta ahora, blindados.