El Consejo General de Economistas y la CEOE  han presentado en MADRID las Conclusiones del Encuentro sobre Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía, celebrado el pasado verano en Santander en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que participaron un nutrido grupo de expertos del ámbito de la Justicia, la Empresa y la Economía, quienes debatieron sobre las fortalezas y debilidades de nuestro sistema judicial, y plantearon una serie de propuestas de mejora.

Este es el resumen de las 14 principales propuestas

Reformas dirigidas a agilizar el funcionamiento de la Justicia

1.- Redefinición de la planta judicial y modelo de juzgado: Como nuevo modelo organizativo se proponen los Tribunales Provinciales de Instancia, como órganos especializados por reparto y con oficinas de gestión comunes para prestar los servicios que se precisen a todos los juzgados que se integren en dicha Instancia.

2.- Juzgados especializados: Creación de Juzgados especializados en la instrucción y enjuiciamiento de delitos económicos.

3.- Dotar a la Justicia de más medios. Ampliación de la plantilla de jueces y fiscales: Habría que aumentar la plantilla judicial. También habría que realizar un estudio de eficiencia, dado que no todos los Juzgados tienen la misma tasa de congestión, sino que varía según el ámbito territorial y el orden jurisdiccional, por lo que habría que distribuir el incremento de jueces y fiscales en proporción a las necesidades derivadas del estudio de dicha tasa de congestión.

4.- Transformación digital de la Justicia: Es imprescindible que el desarrollo digital se realice de forma coordinada en todas las Comunidades Autónomas, de forma que se garantice el uso de un mismo sistema, con el consiguiente ahorro de costes y homogeneidad en la gestión judicial. Es necesario que en todo el territorio nacional exista una única aplicación de gestión procesal y un único modelo de Expediente Judicial Electrónico, para lo cual se requiere una inversión en medios humanos y materiales.

5.- Agilización de procedimientos judiciales: Entre las medidas para solventar la alta tasa de congestión en el orden civil y agilizar la resolución de litigios, se propone, a título de ejemplo: incrementar la cuantía del juicio verbal de 6.000 € a 30.000 € y agilizar la ejecución de sentencias mediante el uso de nuevas tecnologías. En materia de ejecución forzosa es necesario mejorar y centralizar un sistema de averiguación de bienes, así como la creación de servicios comunes especializados en ejecución.

6.- Potenciar el principio de seguridad jurídica: Cuando la experiencia en la aplicación judicial de la norma evidencia la existencia de decisiones contradictorias (como consecuencia de la falta de claridad de la norma o sus dificultades interpretativas), el legislador, sin esperar a una eventual unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo, que puede tardar años, debería modificar la norma para aclarar su significado y alcance.

Reformas dirigidas a desincentivar la litigió Dídac

7.- Favorecer el acuerdo entre las partes. La mediación como fórmula de solución de disputas: La utilización de procedimientos para resolver disputas fuera del sistema judicial (los conocidos como ADR, Resolución Alternativa de Conflictos) es una magnífica vía para reducir la litigiosidad. Resultaría conveniente la modificación de la regla de costas –de forma que se incentive que las partes intercambien ofertas vinculantes y se condene a la que las rechaza injustificadamente– así como la promoción de la mediación y la mejora de la formación en la cultura de la solución.

8.- Las tasas judiciales: El debate sobre las tasas judiciales es complejo. Podría parecer que el pago de tasas es un incentivo a la reducción de la litigiosidad, que tiene que combinarse con una garantía efectiva de la tutela judicial. Pero este efecto desaparece cuando los únicos obligados a su pago son las empresas. Hay margen para una reforma que permita afinar de forma más efectiva el sistema de tasas judiciales en España.

9.- Estadísticas judiciales. Percepción de la Justicia en España: Los ciudadanos tienen una baja confianza en nuestra Justicia. Este es un factor que aumenta la litigiosidad. Pero la realidad es que, según los datos reales de comparación con otros países, el sistema judicial español rinde mejor de lo que la opinión pública usualmente manifiesta. Sin duda, una buena estadística judicial, que ayude a “señalizar” el buen rendimiento, es esencial.

(Continúa)