El término anglosajón whistleblower se traduce literalmente como “el que toca el silbato” y hace referencia a la persona que informa sobre una irregularidad en su ámbito laboral. El objetivo es comunicar lo antes posible los comportamientos no éticos y sacar a la luz todo aquello que pueda dañar la reputación de una empresa u organización.
Desde las revelaciones de Edward Snowden y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la figura del whistleblower ha cobrado importancia en la sociedad en los últimos años. Considerados como verdaderos héroes, los alertadores son personas preocupadas por el buen funcionamiento de su empresa y buscan prevenir consecuencias negativas ante la falta de cumplimiento normativo. Para ellos, comunicar cualquier tipo de infracción merece la pena a pesar del miedo a ser descubiertos y a los posibles cambios en su situación personal.
Por lo tanto, su principal misión es la de llamar la atención sobre conductas indebidas, actividades ilegales o comportamientos delictivos que no suelen ser generalmente revelados en público. Lo cierto es, que los alertadores corren aún grandes riesgos en muchos países ya que no están protegidos contra el despido u otras represalias.
¿Qué tipo de irregularidades son las más comunes?
A pesar de la variedad de escenarios que pueden tener lugar, estos son los casos que más denuncias presentan:
- CORRUPCIÓN
- DISCRIMINACIÓN Y ACOSO LABORAL
- INFRACCIÓN DE LA LEY Y DELITOS
- VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
- COHECHO
- ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN IMPROPIAS
- TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
- USO INDEBIDO DE DATOS
Destapar actividades fraudulentas puede implicar varios riesgos o consecuencias importantes para los empleados, las empresas o incluso para países enteros. Por lo tanto, los comportamientos no éticos o ilegales deben hacerse públicos para evitar que personas o empresas se enriquezcan ilícitamente y para prevenir que se cometan otros delitos sin consecuencias penales.
Los denunciantes carecen todavía de todos los mecanismos de protección en España. Una situación que cambiará en parte gracias a la directiva sobre denunciantes de la Unión Europea (UE), en vigor desde diciembre de 2019, que obliga a los gobiernos de todo el Viejo Continente a su trasposición a la legislación nacional antes del 17 de diciembre de 2021.
“Esta nueva directiva 2019/1937 tiene como objetivo proteger a las personas que denuncian posibles irregularidades en sus empresas o en la Administración Pública, así como a aquellos relacionados con ellos que pueden haber facilitado la denuncia, y es muy necesaria para evitar las situaciones como los que han vivido las personas denunciantes en la trama Gürtel o Púnica o el caso Falciani”, explica Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Compliance.
En definitiva, la directiva conocida como whistleblowing pretende establecer un espacio de protección para que cualquier ciudadano pueda denunciar sintiéndose seguro en ámbitos como la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la seguridad de los productos, la seguridad del transporte, la protección del medio ambiente, la protección de la privacidad y los datos personales, la seguridad de la red y los sistemas de información, etc. La directiva sobre denunciantes de la UE establece, por tanto, un marco para la presentación de informes internos y externos, con plazos estrictos para proporcionar información a los denunciantes y disposiciones sólidas contra las represalias.
“La legislación exige que las empresas con más de 50 empleados implementen mecanismos internos efectivos para permitir que los trabajadores informen y eleven sus inquietudes, así como para tratar de evitar represalias en su contra”, explica el experto de Bonatti Compliance. Además, la Administración Pública tiene que establecer canales públicos, tanto tecnológicos como orales, para tramitar estas denuncias dirigidos a aquellos trabajadores que tengan miedo de hacerlo a través de sus empresas. Un acto que está reforzado por la ley de Protección de Datos y Garantía de los derechos digitales que ya permite la generación de canales de denuncias anónimos.
Fuente: integrityline.com + CISS Contable Mercantil