Una vez superados los momentos más dramáticos de la emergencia sanitaria, parece oportuno dar cumplimiento a las iniciativas legislativas y reglamentarias contenidas en el Plan Anual Normativo 2020.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a principios de año se inició la elaboración del Plan Anual Normativo que habría de contener las iniciativas legislativas y reglamentarias que serán elevadas para aprobación del Consejo de Ministros a lo largo de 2020, con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos identificados

Sin embargo, la irrupción de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 ha supuesto la lógica alteración de las prioridades políticas y normativas del Gobierno, lo que ha venido a reconfigurar tanto la propia tramitación del Plan, como sus previsiones, articulación y contenido.

En todo caso, una vez superados los momentos más dramáticos de la emergencia sanitaria, y la naturaleza excepcional de la normativa dictada con ocasión y al amparo del estado de alarma, parece oportuno dar cumplimiento a las previsiones legales

El Plan recoge un total de 172 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, 4 leyes orgánicas, 53 leyes ordinarias y 114 reales decretos. Un total de 48 incorporan a nuestro ordenamiento directivas u otras disposiciones europeas, y 22 serán sometidas a un análisis sobre los resultados de su aplicación una vez aprobadas.

De entre ellas, por su relevancia en nuestras materias, destacamos las siguientes:

Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Objetivo:

Dar cumplimiento a la habilitación reglamentaria establecida, de forma que el reglamento que se elabore sea congruente con el nuevo marco legal, y permita su aplicación integra.

Real Decreto por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre

Objetivo:

Conseguir la necesaria armonización entre la normativa contable internacional y nuestro ordenamiento contable en materia de instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos. La convergencia normativa implica, en términos generales, una mejora de la calidad de la información financiera en las mencionadas áreas tras la experiencia acumulada en los últimos años.

Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se transpone la Directiva 2018/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.

Objetivo:

Modificar la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, mediante la transposición de la Directiva 2018/843, del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.

Adicionalmente se incluyen otras actualizaciones a la ley. Entre otras cuestiones la propuesta contiene:

• Nuevos sujetos obligados en materia de prevención.

• Obligaciones de registro y supervisión de prevención de blanqueo de capitales para prestadores de servicios de monedas virtuales.

• Actualizaciones en materia de protección y tratamiento de datos.

• Obligación para las entidades financieras sobre servicios de almacenamiento y computación en la nube.

• Registro de titulares reales: tienen que ser públicos y deberán interconectarse a nivel de la UE.

• Fichero de Titularidades Financieras: incluir nueva información de los titulares de contratos de alquiler las cajas de seguridad y dotar de acceso a otras autoridades.

Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión

Objetivo:

Transponer parcialmente 3 Directivas de la UE. Armonizar, clarificar y mejorar la vigente Ley del Mercado de Valores.

Ley por la que se modifican la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Objetivo:

• Trasponer la Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva.

• Coordinar las condiciones aplicables a los gestores de fondos que operan en el mercado interior. • Mejorar la comercialización transfronteriza de fondos de inversión.

Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes.

Objetivo:

Su finalidad es implantar las medidas que serían necesarias para impulsar el ecosistema de empresas emergentes (denominadas también startups), con objeto de convertir a España en una “Nación Emprendedora” a la vanguardia europea del emprendimiento, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenible.

Ley de modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Objetivo:

 El objetivo de esta modificación es transponer la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (Directiva ECN+), cuyo fin es velar por que las Autoridades Nacionales de Competencia dispongan de las garantías de independencia y las facultades de aplicación necesarias para poder aplicar eficazmente los artículos 101 y 102 del TFUE. Además, se introducirán otras posibles modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia que se consideran convenientes y conformes al espíritu y a los objetivos de dicha Directiva. Se producirá posteriormente un desarrollo normativo de esta modificación de la Ley por Real Decreto. Entre otros, los cambios normativos más relevantes que podrían ser necesarios a realizar en España exigidos por la propuesta de Directiva ECN+ serían los relativos a:

- Posibilidad de rechazar denuncias con base en criterios de priorización según su importancia para el interés público.

- Revisión del límite máximo de las multas para todas las infracciones del artículo 101 y 102 TFUE al 10% del volumen de negocios mundial total de las infractoras.

- Entrevistas al personal de las empresas investigadas.

- Refuerzo de la asistencia mutua entre Autoridades de competencia, incluyendo para la

recaudación de la multa.

- Interrupción de la prescripción por actuación de otras Autoridades y/o durante la revisión jurisdiccional

Ley por el que se regula el trabajo a distancia.

Objetivo:

Se persigue proporcionar una regulación suficiente que dé respuesta a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento.

Real Decreto sobre el Registro Administrativo de Sociedades Laborales

Objetivo:

La disposición final cuarta de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, habilita al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, para desarrollar un nuevo Real Decreto que regule el Registro Administrativo de Sociedades Laborales, en sustitución del Real Decreto 2114/1998, de 2 de octubre, sobre la misma materia. La nueva normativa tendrá por objeto modernizar el funcionamiento de dicho registro, mediante la implantación de los procedimientos telemáticos que puedan establecerse, y contemplará los correspondientes mecanismos de cooperación para hacer efectiva la integración en una base de datos común permanentemente actualizada de la información obrante en los registros de las comunidades autónomas que resulte necesaria para ejercer las funciones de supervisión.

Real Decreto sobre Inversiones Exteriores

Objetivo:

 Dar continuidad a la modificación que se plantea de la Ley 19/2003 de movimientos de capitales, para acomodar los requerimientos del Reglamento UE 2019/452.

Actualizar el RD 664/1999 sobre Inversiones Exteriores, al reglamento UE 2019/452 para el control de las inversiones extranjeras directas de la Unión, tanto en cuanto a operativa de mecanismo de cooperación entre Estados miembros como de actualización del registro de inversiones, sin hacerse desde 1999, de acuerdo con el RD mencionado.

Real Decreto de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras.

Objetivo:

Desarrollar ciertos aspectos de la Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras

Ley de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero.

Objetivo:

Cumplir el mandato de crear una entidad de resolución alternativa de litigios establecido en la disposición adicional primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Real Decreto por el que se desarrolla la responsabilidad empresarial en materia de Seguridad Social.

Objetivo:

Desarrollo reglamentario de la responsabilidad empresarial prevista en el artículo 167 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en caso de incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta y cotización. Es una recomendación del Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2015.

Ley General de Telecomunicaciones

Objetivo:

Establecer un nuevo régimen jurídico nacional de las telecomunicaciones incorporando el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas

Norma sujeta a evaluación. Justificación: Impacto sobre el sector de las telecomunicaciones, como sector económico destacado (art. 3.1.d) del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo.

Real Decreto de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Objetivo:

Desarrollar ciertos aspectos de la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

Real Decreto sobre formación e información estadístico-contable y del negocio de los distribuidores de seguros, y por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

Objetivo:

- En formación: coordinar las distintas disposiciones sobre los requisitos profesionales de las personas que acceden a la actividad de distribución de seguros y de reaseguros; llevar a cabo el desarrollo reglamentario de esta materia en coherencia con el recientemente aprobado RDL 3/20202 de 4 de febrero; garantizar un elevado nivel de profesionalidad y competencia entre los distribuidores de seguros y colaboradores externos, así como entre el personal relevante de ambos, de forma que sus conocimientos profesionales estén en consonancia con el nivel de complejidad de sus actividades.

- En información estadístico-contable: regular los libros-registro y el deber de información estadístico-contable de los corredores de seguros y de los corredores de reaseguros, y el deber de información contable y del negocio de los agentes de seguros vinculados y de los operadores de banca-seguros. Realizar un control administrativo más eficaz y poder verificar que se mantienen los requisitos exigidos a los corredores de seguros, a los corredores de reaseguros, a los agentes de seguros vinculados y a los operadores de banca-seguros, para mantener su inscripción en el Registro administrativo. Obtener la información sobre la actividad desarrollada por dichos mediadores, que constituye un instrumento básico para el análisis y diagnóstico de la evolución del mercado de seguros.

Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y de modificación de diversas normas tributarias.

Objetivo:

Transponer al ordenamiento tributario interno el Derecho de la Unión Europea, en concreto, la citada Directiva (UE) 2016/1164, e implantar medidas que contribuyan a la prevención y a la lucha contra el fraude fiscal.

Fuente: CISS Contable - Mercantil    Wolters Kluwer

Deje un comentario