Estamos próximos al cierre fiscal y contable de 2019, por este motivo hay que tener en cuenta aquellas operaciones que pueden reportarle un menor pago de impuestos a las empresas.

Algunas de estas operaciones son:  Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles; Exención para evitar la doble imposición económica nacional o internacional; Ventas por operaciones a plazos o con precio aplazado; Contratos de arrendamiento financiero; Amortizaciones aceleradas o libres en Empresas de Reducida Dimensión ERD; Amortización de elementos de escaso valor; Minoración de la Base Imponible por reserva de capitalización; Minoración de la Base Imponible por reserva de nivelación en ERD; Determinadas deducciones de la Cuota Íntegra; Determinadas operaciones a realizar antes del cierre.

Ningún banco quiere ser el primero en dar el paso, pero muchas entidades ya se plantean cobrar al cliente por el dinero que tienen en una cuenta. ¿Por qué ahora? ¿Es legal esta práctica? Si esta iniciativa se pondría en marcha, ¿cómo y cuánto podrían exigir a los ahorradores? Todas estas preguntas encuentran respuesta en este artículo que hemos elaborado con la ayuda de expertos en la materia, quienes ven factible que los bancos nos pidan alguna cantidad por el dinero que tenemos depositado en ellos.

La exigencia de contar con un sistema de legal compliance no radica exclusivamente en tener un manual de prevención de delitos con el mero fin de cumplir con las obligaciones legales que se imponen a las sociedades y así evitar su responsabilidad penal, sino que además es necesario verificar que la sociedad tenga una verdadera cultura de cumplimiento, pues sin esto ni siquiera se estaría cumpliendo con la propia ley.

El modelo industrial de las ocho horas está mutando a otros formatos de trabajo. La demanda de flexibilidad se acentúa. De momento, la oferta aún no se ha equilibrado. La incorporación laboral de las nuevas generaciones dará pie a integrar como normal el trabajo flexible.

El objetivo es establecer criterios clarificadores para los usuarios, los ayuntamientos y los agentes de la autoridad hasta que se publique la regulación formal que lo recoja y que actualmente está en trámite.

El paradigma educativo se ha visto golpeado por los vaivenes tecnológicos. Es evidente que el desarrollo tecnológico avanza más rápido que las leyes y que la educación. Por eso, definir esta última a principios del siglo XXI significa contrastar estilos docentes y momentos de la historia de la humanidad.

Hemos pasado de una sociedad tradicional a la llamada sociedad de la información en un periodo de tiempo muy corto. Cualquier persona puede teclear unos segundos y obtener conocimiento en su móvil sin necesidad de abrir un libro. 

La educación debe cambiar y amoldarse a los nuevos tiempos. No se concentra en un ente solitario.

Antes de que las manipulaciones, fake news y violaciones de la privacidad de todo tipo hagan de la Web un lodozal pantanoso e impracticable en el que navegar, pasarlo bien y hacer negocios, la World Wide Web Foundation y Sir Tim-Berners, creador de la 'World Wide Web', en persona quieren conseguir el compromiso de gobiernos, empresas, organizaciones y personas para que esto no acabe como una tenebrosa distopía.

Las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo se regulan en el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Lo primero que debemos señalar al abordar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo es que se trata de una de las medidas de flexibilidad laboral interna que el Estatuto de los Trabajadores plantea como alternativa al despido.

Aún falta medio año para que la espada de Damocles del Fisco apunte sobre el contribuyente. Será la campaña de la renta de 2019, en la que se rendirá cuentas a Hacienda en abril de 2020 sobre los ingresos y gastos de este año. Cabría decir que, a las puertas ya de diciembre, la suerte está echada, pero no es así. Los ciudadanos tienen aún margen para rebajar su factura fiscal mediante acciones como amortizar más hipoteca o hacer aportaciones a los planes de pensiones. Así lo asegura el Consejo General de Economistas de España, que acaba de publicar un documento para planificar el IRPF de 2019.