El 9 de marzo de 2018 se produce la entrada en vigor completa  de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento  jurídico español las Directivas  del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014 (en adelante, LCSP). Tras más de un año de  tramitación parlamentaria,  y con casi dos años de retraso  con respecto al plazo fijado  en las directivas comunitarias,  la entrada en vigor de esta  norma presenta una gran relevancia por diversos motivos,

Estamos viviendo una explosión del interés por los métodos ágiles, que se han convertido casi en una moda. Todas las organizaciones quieren ser más ágiles, las consultoras ofrecen asesoramiento experto para la transformación, las certificaciones y cursos se remozan para incorporar la palabra “ágil” y, de repente, en Recursos Humanos aprenden el valor de un scrum master o un product owner por su escasez.

Por definición, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno.

El Gobierno ha puesto en marcha ya la tramitación de la nueva Ley de Secretos Empresariales, un texto que pretende llenar el vacío existente en la protección de las compañías, que han visto como el avance de las nuevas tecnologías ha incrementado las vías a través de las cuales información vital de la compañía puede ser robada, copiada o quedar expuesta. La nueva norma ya se encuentra en fase de audiencia e información pública.

El sector del comercio electrónico facturó en España 24.185 millones de euros en 2016 y superó los 6.700 millones de euros en el primer trimestre de 2017. No obstante, según datos de INE, la mitad de los usuarios de internet que no han comprado online en el último año alega para ello una preocupación por la privacidad o la seguridad en el pago. 

Para hacer frente a esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y la Policía Nacional han creado la «Guía práctica de compra segura en internet», que consta de siete fichas donde se reúne toda la información básica para que el usuario compre con todas las garantías.

Cada cierto tiempo el Tribunal Supremo nos “regala” un pronunciamiento en materia sancionadora, reprochando por enésima vez la reincidente conducta administrativa en materia de motivación.Es el caso de la sentencia de 21 de diciembre de 2017.

En esta ocasión, el Alto Tribunal se ve obligado a incidir en una obviedad: la de que lo que debe presumirse es la inocencia del administrado, no su culpabilidad.

Las grandes instituciones financieras mundiales se enfrentan a un dilema con las criptomonedas: denunciar una tecnología de la que muchos desconfían pero a la que también temen, o unirse a aquellos que invierten en ella.

La reforma laboral supuso un revulsivo para el mercado de trabajo. Aunque algunas empresas la utilizaron para despedir, dado que no podían hacer otra cosa tras la caída de la actividad, muchas compañías han utilizado la flexibilidad que aporta para crear nuevos turnos de trabajo, rotar a sus empleados entre las distintas actividades del grupo, sortear la caída de la producción