Es un deber de todo ciudadano contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos del Estado. Por ello, todo lo que sea eludir esta responsabilidad está perseguido por la Administración Pública. Esta conducta puede dar lugar a infracciones tributarias o delitos penales, ambos perseguidos por nuestro ordenamiento jurídico.
El incumplimiento de esta obligación puede suponer caer en un fraude fiscal. Una infracción que se produce cuando se da apariencia de legalidad a una conducta, que por su finalidad carece de ella, con intención de eludir cargas o aprovecharse de determinadas ventajas del sistema tributario.








