La saturación de los órganos jurisdiccionales es uno de los problemas más destacados de nuestra Administración de Justicia.
Una rápida revisión de las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial permite comprobar que, en la última década: La duración media de los juicios sustanciados ante los Juzgados de Primera Instancia osciló entre los 5,4 y los 8,1 meses; La resolución de los recursos de apelación interpuestos contras las resoluciones recaídas en dichos procesos se situó entre los 5,2 y los 7,4 meses; y La decisión de los recursos extraordinarios atribuidos al conocimiento de la Sala Primera del Tribunal Supremo llegó a dilatarse hasta los 27,8 meses.
Estos datos revelan qué puede esperar -nunca mejor dicho- el ciudadano que demanda de los jueces y tribunales españoles la tutela de sus derechos e intereses legítimos; y evidencian una de las causas más destacadas de la proliferación de los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR): la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje.