Esta tecnología no sustituirá a la auditoría, pero la perfeccionará y la hará más sólida

En 2009, se diseñó y desarrolló la tecnología para crear una moneda virtual descentralizada, sin control ni autoridad central: el bitcoin. El reto a resolver era el “doble gasto”, que no ocurre con dinero real, consistente en que un mismo bitcoin no pueda usarse en más de una transacción. Físicamente no es factible registrar todas las operaciones realizadas con una misma moneda, pero sí digitalmente, cuando el pago solo es digital. La solución es diseñar un libro contable, anotando todas las operaciones realizadas con la moneda digital. Con bitcoin, este libro mayor refleja todas las operaciones realizadas, fielmente, singular e inequívocamente.

La venta de una casa cumplidos los 65 años está exenta si se destina a este producto

El ingreso mensual es muy superior si se renuncia a dejar el capital en herencia

La idea de una renta que se cobra durante toda la vida puede seducir a cualquiera, más aún si ya se ha llegado a la jubilación y el horizonte se presenta incierto, con una pensión pública que mengua los ingresos con los que se había vivido hasta el momento y la perspectiva de nuevos gastos con los que afrontar la vejez. La prolongación de la esperanza de vida es una realidad, al igual que la caída de ingresos con la jubilación. Y las rentas vitalicias surgen en este contexto como una fórmula con la que asegurarse un ingreso fijo hasta el fallecimiento, aunque para su constitución sea necesario un capital considerable de partida.

En el BOE de 4 de julio, se ha publicado la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (en adelante LPGE), en vigor, salvo alguna excepción, el día 5 de julio de 2018. En el ámbito tributario, la mayoría de las normas se contienen en su título VI –arts. 59 a 98, ambos inclusive–, y muchas de las medidas que incorpora son las que habitualmente recoge esta norma: escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, determinación del interés legal del dinero y del de demora, establecimiento de las actividades prioritarias de mecenazgo y de los beneficios fiscales aplicables a diversos acontecimientos que se califican como de excepcional interés público o regulación y actualización de determinadas tasas de ámbito estatal. No obstante, también introduce cambios, aunque no de gran calado.

Cuando pensamos en innovación, lo primero que se nos viene a la mente está relacionado con la creación de nuevas tecnologías o productos. Sin embargo, la innovación no consiste sólo en crear cosas nuevas, sino también en mejorar (aunque sea mínimamente) lo existente en una empresa (sean los productos, procesos, la orientación al cliente, etc). Para mí, la innovación no es más que “la tradición transformada”.

El Gobierno tiene previsto mejorar los ingresos tributarios implantando nuevas figuras (impuesto a la banca e impuesto a las empresas tecnológicas) y reformando algunos ya existentes, como el Impuesto sobre Sociedades, donde el Ejecutivo quiere implantar un tipo mínimo en el entorno del 15% para las grandes empresas a partir del cual no puedan efectuarse deducciones.

Así lo ha explicado recientemente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con la Cadena Ser. La titular de Hacienda ha afirmado que "no se trata de subir los impuestos a los ciudadanos, sino de crear espacios fiscales nuevos para el siglo XXI".

Es un deber de todo ciudadano contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos del Estado. Por ello, todo lo que sea eludir esta responsabilidad está perseguido por la Administración Pública. Esta conducta puede dar lugar a infracciones tributarias o delitos penales, ambos perseguidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El incumplimiento de esta obligación puede suponer caer en un fraude fiscal. Una infracción que se produce cuando se da apariencia de legalidad a una conducta, que por su finalidad carece de ella, con intención de eludir cargas o aprovecharse de determinadas ventajas del sistema tributario.

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